Masacre por el poder

Esta semana Filipinas se ha visto sacudida por una de las mayores masacres en de su historia. Desde el lunes pasado el ejército filipino ha recuperado los cuerpos de más de 60 personas, asesinadas en la provincia de Maguindanao. El motivo de estos asesinatos ha sido la lucha política descarnada, y sin ningún tipo de reglas, que gobierna el sur del país asiático desde hace décadas.

La lucha por el poder es algo habitual, la ambición por alcanzar las mayores cuotas de poder posibles es algo inherente a la naturaleza humana. Todos, en mayor o menor medida, queremos ser poderosos, ya sea en nuestra esfera de vida privada o pública. En lo que se refiere a esta segunda dimensión, el papel primordial corresponde al poder político, a la posibilidad de influir en el presente y el futuro de otros, de formar parte del destino de muchas otras personas, de que nuestros actos tengan una repercusión mucho mayor que la de los de la mayoría de la gente.

Una de las grandes bondades de las sociedades democráticas es que esta lucha por el poder es reconocida, aceptada, y protegida, pero se encuentra sujeta a la premisa básica de que “no todo vale”. Es legítimo aspirar a alcanzar el poder, pero para ello hay que respetar unas reglas de juego, que son las propias de la democracia.

Esta semana el mundo ha sido sacudido por acontecimientos que vulneran todos los principios sobre los que se ha constituido el sistema democrático para alcanzar el poder, en un Estado, Filipinas, que se presenta a sí mismo como democrático. En un Estado cuyos dirigentes son elegidos por un sistema de sufragio universal y directo, y que propugna entre sus valores el respeto de los Derechos Humanos, el más fundamental de los cuales, el derecho a la vida, ha sido gravemente violado y despreciado en aras de alcanzar y mantener el poder.

El pasado lunes, en la provincia de Maguindanao (Sur de Filipinas), se produjo el asesinato de 64 personas, la mayoría de las cuales habían sido decapitadas. Este número puede ser mucho mayor, puesto que la búsqueda de cadáveres y las investigaciones aún continúan. La cifra de 64 cadáveres es la confirmada el sábado por las autoridades filipinas, tras una semana en la que cada día iba dejaba al descubierto los cuerpos de más víctimas, que se sumaban a las trece mujeres y ocho hombres hallados el lunes.

Fosa común en la que se encontraron los cuerpos de varias de las víctimas

Los primeros cuerpos encontrados pertenecían a un grupo de personas, entre las que se encontraban periodistas y políticos, que se dirigías a una oficina de la Comisión Electoral de Maguindanao, para presentar la candidatura a gobernador de la provincia de Esmael Mangudadatu, actualmente vicealcalde de una de sus localidades, cuando fueron secuestrado por alrededor de 100 hombres armados. Hasta este momento, todos los indicios apuntan a que los autores de los hechos cumplían órdenes de Datu Andal Ampatuan, que fue miembro del Congreso de Filipinas y gobernador de la provincia de Maguindanao durante tres legislaturas.

El hijo de Ampatuan, principal acusado hasta el momento, es candidato, al igual que Mangudadatu, a gobernador provincial en las elecciones locales filipinas previstas para el próximo mes de mayo. Mangudadatu no viajaba con el grupo asesinado, aunque entre los mismos sí iban su mujer y dos hermanos, que también perdieron la vida. Ampatuan hijo fue detenido el jueves, manteniendo en todo momento que era inocente de los hechos que se le imputaban.

Detención del principal sospechos de la masacre, Datu Andal Ampatuan hijo

Entre las víctimas de la masacre se encuentran más de veinte periodistas. Reporteros Sin Fronteras ha calificado la masacre como “la mayor pérdida de periodistas en un solo día” de la historia. Por su parte el Sindicato de Periodistas de Filipinas condeno los hechos y pidió que se haga justicia.

La presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, ha manifestado que se hará justicia, sin importar quienes sean los implicados. Es precisamente la identidad de los posibles implicados la que más desconfianza plantea sobre la imparcialidad de la actuación del gobierno filipino. Así lo ha expresado Human Rights Watch, debido a la estrecha relación que existe ente el gobierno de Arroyo y los Ampatuan. El patriarca del clan ha sido una pieza clave en la recogida de votos para la actual Presidenta filipina en 2004, lo que le permitió conseguir la mayoría de votos en Maguindanao. Además Arroyo se ha referido a Ampatuan en varias ocasiones como un “valioso aliado”.

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Entre 500 y 1.500 millones de niños son víctimas de la violencia

UNICEF ha celebrado el veinte aniversario de la Convención de los Derechos del Niño con la emisión de una edición especial de su informe anual sobre “El Estado Mundial de la Infancia”. La Agencia de la ONU constata los importantes avances que se han logrado desde 1989 en la protección de los derechos de los niños, poniendo de manifiesto que aún hay que afrontar importantes desafíos en esta materia.

El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Convención sobre los Derechos del Niño, que ha supuesto un paso trascendental en el reconocimiento y defensa de los Derechos de los menores. Gracias a esta Convención se ha impuesto la obligación legal de asegurar la supervivencia y desarrollo de la infancia. Pero, dos décadas después, UNICEF advierte que aún hay millones de niños en el mundo que no disfrutan de derechos tan básicos como el de la seguridad, la educación, la asistencia sanitaria, o incluso el de recibir alimentos.

Durante estos veinte años muchos de los Estados que han ratificado la Convención, todos los países del mundo excepto EE.UU y Somalia, han desarrollado instrumentos de integración de los principios de la misma en sus ordenamientos internos. Los mecanismos llevados a cabo han permitido importantes avances, tales como la reducción del número de muertes de niños menores de cinco años en un 28% entre 1990 y 2008 o que el 84% de los niños en edad de escolarización primaria asistan actualmente a clase.

Sin embargo, tal como constata el informe especial de la ONU sobre “El Estado Mundial de la Infancia”, “el programa relativo a los derechos de la niñez está lejos de cumplirse”. Uno de los problemas más alarmantes a los que aún se enfrenta la infancia en todo el mundo es el de la violencia. UNICEF constata que hay entre 500 y 1.500 millones de niños que sufren por esta causa, con consecuencias físicas y mentales irreversibles en la mayoría de los casos. A lo que se suma el hecho de que son más de 1.000 millones los niños que viven en países inmersos en conflictos armados.

A lo anterior se añade que, hay millones de niños que no tienen acceso a servicios esenciales que garanticen su supervivencia, que los protejan de las enfermedades y de la desnutrición. Lo cual provoca la muerte anual de nueve millones de niños menores de cinco años, por enfermedades fácilmente curables, y que otros 148 millones tengan un peso muy inferior al recomendable para su edad.

La situación de las niñas

Los problemas a los que se enfrenta la infancia en general se ven agravados en el caso de las niñas. Puesto que son las más afectadas por la falta de educación básica, las que tienes más probabilidades de ser víctimas de violencia sexual y de ser obligadas a casarse a una edad muy baja o acabar formando parte de las redes de trata de mujeres.

Por ello el informe de UNICEF insiste en la necesidad de acabar con la discriminación de la mujer y promover su autonomía. Según la Agencia de la ONU, las pruebas demuestran que la educación de las mujeres y su capacidad de participar en la toma de decisiones suponen importantes beneficios tanto para los niños como para el resto de la familia. Por ello, el Informe sobre “El Estado Mundial de la Infancia” considera que “educar a las niñas y garantizar su protección y participación reviste, suma importancia para impulsar el programa de los derechos de la infancia”.

Vídeo sobre la evolución de la protección de los Derechos del Niño, elaborado por UNICEF con ocasión del XX aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Niño (en inglés, 6:53")

“En ningún caso ejercería sin el hiyab”

Zoubida Barik Edidi, abogada española de origen marroquí, ha protagonizado esta semana uno de los acontecimientos que más repercusión mediática ha tenido en España. Su nombre se hizo público el martes 11 de noviembre, por haber presentado un recurso ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que el 29 de octubre la expulsó del estrado por llevar un pañuelo que le tapaba el pelo.

En España el uso de símbolos religiosos en los tribunales carece de regulación, a diferencia de lo que sucede en otros países europeos. Así en Francia el tema ha quedado zanjado con la prohibición del uso de todo tipo de símbolos religiosos. Mientras que Reino Unido ha optado por la solución contrario, permitiendo su uso por los que participan en la administración de justicia y en otras actividades públicas, mientras ello no obstaculice el ejercicio de las mismas. Dinamarca permite el uso de símbolos religiosos a los abogados, negando dicha posibilidad a los jueces.

En lo que ciudadanos, abogados, jueces y juristas están de acuerdo es en la necesidad de establecer una regulación del uso de los símbolos religiosos en los tribunales, aun manteniendo distintas opiniones sobre el sentido que la misma debería seguir. Pero el Ministro de Justicia ha descartado que se vaya a llevar a cabo dicha regulación.

Zoubida Barik Edidi

Zoubida Barik lleva ejerciendo la abogacía desde el pasado mes de febrero, al colegiarse en Madrid tras aprobar en la Universidad Carlos III las asignaturas necesarias para la homologación de su título de licenciada en Derecho, obtenido en 1994 en la Universidad Mohammed V de Rabat (Marruecos). En entrevista concedida a esta revista, Zoubida ha manifestado que nunca hasta ahora se había enfrentado a una situación parecida a la que ha vivida hace dos semanas en la Audiencia Nacional.

Pregunta. ¿Cómo han ocurrido los hechos del pasado día 29 de octubre?

Respuesta. Yo estaba asistiendo al juicio acompañando a otro compañero. Ya había asistido a la vista oral del día 27, y el juez Bermúdez, no me dijo nada. Pero el día 29, al verme, me dijo “señora no puede estar aquí”, y cuando le pregunté por qué me contesto que “las partes no pueden llevar la cabeza cubierta con un pañuelo”. Al comentarle que ya había asistido a otros juicios defendiendo a mis clientes me dijo: “ésta es mi sala y aquí mando yo”.

El magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez

P. ¿Cuál fue tu reacción, y que sentiste en ese momento?

R. Abandone el estrado, porque cuando el juez me dijo que esa era su sala y él era el que mandaba, ya no podía decirle nada.

En ese momento me sentí completamente impotente, que no podía hacer nada. Me sentí dolida como persona y como profesional, y que todos mis años de preparación para poder ser abogada no habían servido para nada, que no podía defender mis propios derechos.

P. ¿Cuáles son los recursos que has presentado?

R. En primer lugar he recurrido en ampara el Colegio de Abogados de Madrid, en el que se mostraron muy sorprendidos por lo que me había pasado. Y luego, con el apoyo de muchos compañeros y de la Asociación Preeminencia del Derecho, presenté un recurso de queja ante el CGPJ y de alzada ante la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.

P. ¿Has dudado en algún momento en denunciar los hechos?

R. No. Tenía claro que lo que me había ocurrido no debía pasar sin más, sobre todo porque el juez hizo referencia a “las partes”, lo cual supuso para mí una señal de alarme, de que eso me podría pasar en otro juicio estando yo defendiendo a un cliente.

P. Si se regulara el uso de símbolos religiosos en los tribunales prohibiéndolos, ¿estarías dispuesta a seguir ejerciendo sin hiyab?

R. En ningún caso ejercería sin el hiyab. Lo llevo desde los 17 años, considero que es parte de mi identidad, de mi modo de vida, y considero que llevarlo o no entra dentro de mi esfera de libertad, y que con ello no perjudico a nadie. Para defender este derecho recurriría a todas las instancias judiciales posibles.

El grito de Somalia

Somalia, un Estado inexistente según los parámetros del Derecho internacional público, parece representar para Occidente uno más de los peligros del siglo XXI. Los casos de piratería en las costas somalíes, que en los últimos años han ocupado las portadas de los grandes medios de comunicación mundiales, son más que la acción de delincuentes que ponen en peligro los intereses de las grandes potencias en el índico, representan además el grito de socorro de millones de personas.

España está viviendo en primera fila las consecuencias de la piratería en las costas de Somalia. Primero fue el secuestro del fotógrafo español José Cendón el 26 de noviembre de 2008, liberado 39 días después, y luego el del pesquero Playa de Bakio, liberado el pasado 26 de abril tras seis días de cautiverio y previo pago de un rescate que ascendió a cerca de 770.000 euros. Ahora nos enfrentamos al secuestro del atunero vasco Alakrana, que se prolonga desde el 2 de octubre, y cuyo final aún no se vislumbra.

Piratas somalíes

La liberación del Alakrana está siendo más complicada que en casos anteriores. Puesto que en este caso los secuestrados unen a su habitual exigencia de pago de un rescate, que podría ascender a más de dos millones de euros, la de la liberación y traslado a Somalia de sus dos compañeros que se encuentran en España a la espera de ser juzgados por la Audiencia Nacional. Los dos piratas fueros trasladados a España por orden del juez Baltasar Garzón, tras ser detenidos por la fragata Canarias, desplegada en la zona, al día siguiente del secuestro del Alakrana, cuando abandonaban la embarcación.

En las concentraciones celebradas el sábado, en Bermeo (Vizcaya) y Vigo, en protesta por el secuestro de los 36 tripulantes del Alakrana (16 españoles), los familiares de los secuestrados pidieron que se acepte la extradición de los dos detenidos para que sean juzgados en Somalia. Además Cristina Blach, hija del patrón del Alakrana, pidió en representación de los convocantes a la Justicia que, en esta ocasión no sea “ciega”, “que nos mire, que vea nuestro sufrimiento y que sopese mantener en España a los dos piratas presos”, dijo.

Este parece ser el principal obstáculo para la liberación del atunero, puesto que el ordenamiento jurídico español no contempla ninguna fórmula legal que pueda avalar la posibilidad de liberar y trasladar a Somalia a los dos piratas encarcelados. Debido a que no cabe ninguna duda sobre la competencia de la Audiencia Nacional en este caso, al tratarse de juzgar un ataque contra nacionales españoles en el extranjero.

El verdadero problema

Pero, siendo conscientes de la gravedad del secuestro del Alakrana, y del hecho de que es necesario que se llegue cuanto antes a una solución que asegure la liberación de los 36 rehenes, debemos tener en cuenta que el problema de la piratería en Somalia es mucho más complicado de lo que a primera vista pueda parecer. No estamos ante delincuentes comunes que se dedican a secuestrar y robar para hacerse ricos, porque consideren que es la manera más fácil y rápida para ello. El problema que la piratería representa para España, EE.UU, UE, es en realidad el grito de socorro de cerca de nueve millones de personas.

Somalia es uno de los países más pobres del continente africano. Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la esperanza de vida de sus habitantes es de alrededor de 48 años, el 36% de los niños menores de 5 años sufren desnutrición, y cuenta con medio millón de refugiados y cerca de un millón de desplazados por las guerras continúas. Por su parte, UNICEF constata que las probabilidades de que un niño somalí viva hasta la edad adulta es de las más bajas del mundo y de que la madre muera durante el embarazo o parto de las más altas. Además la mayor parte de la población somalí depende absolutamente de la ayuda humanitaria, cuya llegada se ha visto dificultada por la actual situación de inseguridad. A esto Médicos Sin Fronteras añade que “un 78% de la población carece de acceso a servicios de salud, menos del 30% tiene acceso a agua potable y sólo un 17% de la población sabe leer y escribir”.

Somalia no es un Estado, puesto que carece de un gobierno efectivo y estable que es uno de los requisitos para la existencia de Estados, además del territorio y la población, según el Derecho internacional público. Esta situación data de 1991, cuando el gobierno de Mohamed Siad Barre fue derrocado. Desde entonces Somalia ha estado fragmentada en múltiples tribus, clanes y sub-clanes, que han estado en enfrentamientos continuos. Todos los intentos por lograr la unidad han fracasado, y actualmente el territorio somalí se encuentra dividido en distintas zonas que reclaman su autonomía: Somalilandia, Puntlandia y Galmudug.

La inexistencia de Estado, y por tanto guardacostas, animó a los buques europeos a utilizar las costas de Somalia a modo de vertedero en el que arrojaban grandes barriles cuyo contenido quedó al descubierto con el tsunami que asoló la zona en 2005. En un artículo publicado, el 4 de enero de 2009, en The Independent, Johann Hari recoge declaraciones del enviado de Naciones Unidas a Somalia, en las que éste declara que, “alguien está vertiendo material nuclear aquí. También hay plomo, y materiales pesados, tales como cadmio y mercurio – o sea, de todo”. Estos vertidos provocaron enfermedades a la población de la costa somalí, tales como erupciones, náuseas o el nacimiento de niños con malformaciones, e incluso la muerte de cerca de 300 personas debido a la radioactividad.

A esto hay que unir los buques que se dirigieron a las costas somalíes para aprovecharse de sus recursos pesqueros, aprovechando la posibilidad que la desprotección de esas aguas les brindaba de pescar ilegalmente sin tener que pagar ninguna contraprestación. Lo cual ha producido una sobreexplotación de los caladeros somalíes por las flotas de los países desarrollados, mientras la población autóctona moría de hambre.

Estas son algunas de las características del contexto en el que ha surgido la piratería en Somalia, y por tanto para acabar con este fenómeno a largo plazo resulta imprescindible afrontar los problemas originales y no quedarse en la superficie, pagando los rescates o amenazando con la posibilidad de una intervención armada. Pero también es cierto, tal como mantuvo el Ministro de Asuntos Exteriores del gobierno provisional de Somalia, formado a principios de año con el apoyo estadounidense y que parece representar la única esperanza para la zona, en declaraciones recogidas por El País, la única solución es devolver el Estado de Derecho a Somalia. Para lo cual son necesarios servicios básicos, un sistema económico real e infraestructuras para mantener el orden, lo que “exigiría una inversión que nadie parece dispuesto a asumir. Se prefieren pagar los rescates y la escolta de mercantes y superpetroleros que invertir en la lucha contra la miseria, que es la madre de todos los males”.

Bebé somalí mamando de su madre

Lucha europea por la presidencia de la Unión

Salvado el último escollo para la aprobación del Tratado de Lisboa, la oposición del presidente checo a la firma del Tratado, se ha iniciado la carrera para la elección del primer Presidente estable de la Unión Europea. La reunión del Consejo, celebrada los días 29 y 30 de octubre, ha finalizado con el compromiso de celebrar una reunión extraordinaria a mediados de noviembre para elegir al Presidente del Consejo.

La reunión del Consejo Europeo, que no ha tratado de manera oficial la cuestión de los candidatos a la Presidencia de la Unión, ha dejado un panorama plagado de rumores acerca de los posibles candidatos y los apoyos que los mismos recibirían en la futura votación. Respecto a esto hay que tener en cuenta que el que sea elegido para ejercer el nuevo cargo de Presidente, deberá contar con el apoyo de la mayoría de los votos del Consejo, lo que exige necesariamente el acuerdo de Alemania, Francia y Gran Bretaña.

De momento son varios los nombres que suenan para ocupar el puesto de primer Presidente de la Unión Europea, el más conocido de los cuales es el ex-primer ministro británico, Tony Blair, pero al que en los últimos días se han unido con fuerza el ex canciller austríaco, Wolfgang Schüssel, y los primeros ministros de Holanda, Jan Peter Balkenende, y Luxemburgo, Jean-Claude Juncker. Éste último es el único que ha proclamado oficialmente su candidatura, hasta el momento. Además este fin de semana se ha unido a la lucha el primer ministro belga, Herman Van Rompuy, que parece contar con el apoyo francés y alemán.

Tony Blair, en principio el candidato con más posibilidades, ha visto en los últimos días mermadas sus opciones. En primer lugar por un aparente acuerdo de que la presidencia de la Unión recaiga en un candidato de centroderecha, quedando el cargo de Alto representante reservado a la centroizquierda europea. Pero el mayor obstáculo a la candidatura de Blair es la oposición de Alemania, que prefiera que la presidencia recaiga en el candidato de un país pequeño. A esto se suma el acuerdo franco-germano de apoyar al mismo candidato, tal como ha declara el Presidente francés Nicolas Sarkozy.

El primer ministro de Luxemburgo también tiene escasas posibilidad de lograr el puesto, debido a su escasa reacción ante la crisis y a su inclusión en la lista de paraísos fiscales de la OCDE, lo que le ha supuesto enfrentamientos con la canciller alemana y el Presidente francés. Por su parte el primer ministro holandés, que podría obtener importantes apoyos en el Consejo, se enfrente a una fuerte oposición interna para abandonar su puesto. Por lo que parece que, actualmente, la lucha está liderada por el primer ministro belga y el ex canciller austríaco.

El Primer Ministro belga, Herman Van Rompuy, y El Presidente francés, Nicolas Sarkozy